Por Nicolás Coronado 
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la vocera de Gobierno, Mara Sedini, salieron este miércoles a frenar la controversia por los presuntos recortes a programas estatales, específicamente a la Pensión Garantizada Universal (PGU). Ambas autoridades descartaron de plano cualquier intención de eliminar estas ayudas, aunque confirmaron que se revisará la correcta entrega de los recursos.
En medio del intenso debate presupuestario y las dudas sobre el futuro de ciertas políticas públicas, el Ejecutivo fue categórico en desmentir las versiones que apuntaban a una eventual reducción o eliminación de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y otras iniciativas similares.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó directamente la polémica y entregó un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. “Quiero decir con todas sus letras, y esto no solo para la PGU, sino para todo tipo de programas: aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población, ninguno”, aseguró tajantemente el jefe de las finanzas públicas.
Auditoría ante eventuales irregularidades
A pesar de garantizar la continuidad de los programas, el titular de Hacienda explicó que sí se llevará a cabo una exhaustiva fiscalización, motivada por sospechas de fallas en la asignación de los recursos bajo administraciones previas.
“En absoluto, en todos los programas, todos hay que analizarlos, sobre todo si ha habido algunos hallazgos”, sostuvo Quiroz, apuntando a eventuales “irregularidades” a la hora de entregar dichos beneficios.
El ministro adelantó que el actual Gobierno ya cuenta con información que amerita una revisión profunda: “Si hay hallazgos, y en este caso puede haber habido algunos que obran en poder de la autoridad administrativa, que nosotros hemos estado llegando al Gobierno, estamos revisando todo, esos hallazgos hay que mirarlos, porque pudiese ver tal vez gente que obtuvo eso y que no debería obtenerlo al tenor de la ley”.
Respaldo desde la Vocería de Gobierno
La postura de Hacienda fue reforzada inmediatamente por la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, quien enfatizó que las revisiones responden a una directriz presidencial orientada a la probidad institucional.
“El mensaje del Presidente Kast ha sido claro: No se van a cortar beneficios sociales, esta es una información que tiene que ver con el resguardo de la buena ejecución de los presupuestos y de los planes”, reiteró Sedini.
Finalmente, la vocera cerró la controversia subrayando el objetivo central de estas fiscalizaciones: “No se van a cortar beneficios, sino que lo que buscamos es hacer el Estado más eficiente y que los programas funcionen como corresponde”.