Por Prensa El Conquistador Temuco 
El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió a la posibilidad de que su bancada impulse una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Esto, en medio de la controversia por los errores detectados en las proyecciones de deuda fiscal del Gobierno anterior.
Durante su participación en el programa Estado Nacional de TVN de este domingo, el líder republicano abordó la ofensiva fiscalizadora que evalúan los parlamentarios de su sector. Pese a la expectación, el exsenador evitó confirmar si finalmente se presentará el libelo contra la exautoridad y aseguró que la decisión aún está siendo analizada minuciosamente por la bancada de diputados.
“No sé si la van a presentar o no”, sostuvo Squella, recalcando que debe actuar con cautela mientras se desarrolla la discusión interna del partido. Según explicó, no ha participado directamente en la elaboración de un eventual texto ni ha revisado borradores relacionados con la iniciativa.
¿Errores técnicos o cifras maquilladas?
Más allá de su prudencia sobre la acusación en sí, el timonel del Partido Republicano fue duro al cuestionar la gestión financiera de la administración pasada. Squella afirmó que existen antecedentes que generan profunda preocupación respecto a cómo se condujeron las cuentas públicas.
En ese contexto, planteó serias dudas sobre la naturaleza de las fallas detectadas:
- Cuestionó si los errores respondieron únicamente a equivocaciones técnicas de los equipos del exministerio.
- Advirtió sobre la posibilidad de que haya existido una intención deliberada de ocultar o “maquillar” información relacionada con la situación fiscal del país.
A su juicio, si llegara a demostrarse una conducta intencional para alterar las cifras, se trataría de un hecho de máxima gravedad para el Estado.
Plazo al límite y búsqueda de responsables
El tiempo juega un factor clave en esta posible arremetida política. Squella recordó que la legislación actual permite perseguir responsabilidades políticas de exministros de Estado hasta tres meses después de haber dejado sus cargos. Este plazo legal estaría próximo a cumplirse durante esta misma semana.
Asimismo, indicó que todavía queda por determinar quiénes podrían ser los responsables directos de los errores detectados, una tarea que están evaluando los diputados. Finalmente, insistió en que no conoce los detalles finos de la discusión legislativa, aunque reconoció percibir que su bancada estudia antecedentes que podrían ajustarse a las causales constitucionales requeridas para impulsar la acción.