El veto que ingresó el Gobierno a la ley de usurpaciones se dará cuenta hoy en la Sala del Senado y se enviará a la comisión de Seguridad, donde el presidente de la instancia, Felipe Kast (EVO), podrá calificar en primera instancia la admisibilidad de las observaciones presidenciales y las categorías de este.
Luego se votará en la comisión y pasará a la Sala de la Corporación. En ese momento, el presidente de Senado, Juan Antonio Coloma, también tendrá la posibilidad de calificar lo que la comisión ha planteado. Se trata de 14 vetos distintos, cinco supresivos, cuatro aditivos y cinco sustitutivos. Cada observación se debe votar de forma separada y todas – excepto las aditivas – tienen asociadas la insistencia de la normativa aprobada para lo que se requiere 2/3 de los votos. La observación que ha generado más ruido entre los parlamentarios es la graduación de las penas, diferenciando aquellas usurpaciones violentas de las no violentas. El veto del Ejecutivo plantea que si el hecho se lleva acabo sin violencia o intimidación en las personas, ni daño en las cosas, la pena será de presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. Para imponer la pena mayor, el tribunal deberá tener en especial consideración las siguientes circunstancias: Primero, que el imputado haya sido condenado por delito de usurpación anteriormente. Asimismo, que el imputado haya desplegado acciones tendientes a eludir la acción de la justicia o que el mismo inmueble haya sido previamente objeto de delito de usurpación y que el imputado haya tenido conocimiento de dicha circunstancia. Por el otro lado, para imponer una pena menor, el tribunal deberá tener en especial consideración las siguientes circunstancias: El hecho de haber actuado por necesidad habitaciones y que se se haya restituido el inmueble voluntariamente.