El fiscal nacional, Ángel Valencia abordó la apertura de una investigación penal hacia las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido social. La indagatoria fue abierta de oficio a raíz de la auditoría de la Controlaría, que entre sus conclusiones arrojó que la información que se exigía no era validada, que no había respaldos para aumentar los montos otorgados y que en algunos casos los pensionados ya recibían otros beneficios.
“En cumplimiento de mis deberes constitucionales y legales, cada vez que hay información en la prensa que da cuenta de un hecho que reviste interés, que en el cual la Contraloría ha emitido un pronunciamiento, por razones de prudencia y de buena gestión, suelo requerir informe a las unidades especializadas de la Fiscalía para que manifiesten desde el punto de vista técnico si hay justificación o no para abrir una investigación”, explicó Valencia en conversación con el programa Mesa Central, de Canal 13.
En ese sentido afirmó que solicitó el informe a la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público y que “la unidad reportó que efectivamente había méritos para iniciar de oficio una investigación, porque había antecedentes de hechos que podían revestir caracteres de delito”.
“Podría haber también, por ejemplo, fraude de subvenciones, es decir personas que entregaron información falsa con el objeto de poder acceder a una de esas pensiones, podría haber alguna prevaricación administrativa. En definitiva son todas hipótesis iniciales, que en la medida en que se vayan esclareciendo los hechos podrá establecerse en primer lugar si se cometió un delito o no. Siempre recalco esto, hasta la majadería, que puede haber una situación ilegal y eso no necesariamente constituye un delito. Hay irregularidades de distinta naturaleza y de distinta gravedad. Lo que a nosotros nos corresponde establecer es si dentro de los hechos que efectivamente ocurrieron se cometieron delitos”, agregó. Pese a que el fiscal declinó abordar en detalle los focos de la investigación, puesto que la indagatoria está a cargo del fiscal Marcos Pastén, comentó que “muy probablemente, considerando las cosas como normalmente ocurren, generalmente el énfasis comienza partiendo de la base de los hallazgos de la Contraloría y los informes pueden centrarse más en el actuar de los funcionarios públicos, más que los beneficiarios. En algún momento probablemente si hay mérito, es posible que se dirija hacia los beneficiarios”.
“No cabe duda de que cuando uno investiga delitos en los que participan empleados públicos, ellos pueden tener la calidad de imputados, sin que finalmente tengan la calidad de condenados”, añadió.