En calidad de testigo tendrá que explicar cuánto sabía y qué tanto participó del fallido negocio.
Varios son los personeros de gobierno que han tenido que “desfilar” frente a la Fiscalía en el marco de la investigación penal que se abrió por presunto fraude al Fisco en el marco del intento de compra de la casa del fallecido Presidente Salvador Allende. En concreto, el Ministerio Público pesquisa si existe alguna responsabilidad penal en el proceso, debido a que se iba a firmar un contrato con dos personas que por ley tenían prohibido celebrar contratos con el Estado, como era la senadora Isabel Allende (PS) y su sobrina, Maya Fernández, quien esta semana salió de su cargo -justamente- por este caso.
Fernández fue una de las autoridades de gobierno que renunciaron a su derecho a guardar silencio y declaró, la semana pasada, por más de tres horas ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Este último fue designado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, para esta indagatoria.
También ha sido interrogada la jefa de la División Jurídica de Segpres, Francisca Maya, quien fue la que llevó a manos del Presidente Gabriel Boric el decreto que permitió seguir adelante con la adquisición y que fue firmado el 25 de noviembre.
Es en el marco de esos avances que llegó hasta el Palacio de La Moneda la “invitación” del Ministerio Público para que el Mandatario declare en la causa el jueves 27 de marzo. Por ley, al Presidente Boric no se le puede citar, y además podrá fijar el domicilio en el que se desarrolle la pesquisa.
Una situación similar se vivió en octubre del año pasado cuando fue requerido por el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, para entregar su testimonio en el caso por violación que involucra a su exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve. En esa oportunidad la autoridad pidió que el interrogatorio fuera en su oficina en La Moneda.
El inicio y el vínculo a Boric
Pocos días habían pasado desde que el gobierno confirmó la compra de las casas de los expresidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende, hasta que el anuncio de la administración de Boric sobre la adquisición de la propiedad de este último se frustró y se judicializó, ante presuntas irregularidades en el proceso.
El 9 de enero el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite la querella de la Fundación Fuerza Ciudadana -encabezada por Raimundo Palamara- por presuntos delitos de tráfico de influencias y fraude al Fisco, y derivó los antecedentes al Ministerio Público, ente persecutor que inició la investigación.
Desde entonces, según consta en el expediente al que tuvo acceso La Tercera, la Fiscalía cuenta con diversos antecedentes que dan cuenta de la frustrada compra que comenzó a concretarse el 25 de noviembre luego de que el Mandatario firmara los decretos que autorizaban la adquisición de la vivienda de Allende pese a que las propietarias del inmueble eran autoridades. Documentación que posteriormente fue visada por Contraloría y en la que figura la firma de Boric.