Según el Informe de Investigación Especial N° 637/2024, publicado en el sitio web de la Contraloría, al 6 de septiembre solo se había distribuido el 34% de los kits escolares comprometidos, quedando pendientes más de un millón de unidades (exactamente 1.425.852). La entrega, que debía comenzar con el inicio del año escolar en marzo, recién se inició el 26 de julio, con un retraso de cinco meses.
El programa buscaba beneficiar a más de 2,6 millones de estudiantes, principalmente de establecimientos públicos y del 40% más vulnerable de los particulares subvencionados con gratuidad.
Entre las causas del retraso, el organismo fiscalizador identificó una fallida primera licitación, la cual fue declarada desierta luego de que el único oferente no cumpliera con una exigencia formal excluyente: la entrega de lápices con forma hexagonal, sin que existiera una justificación técnica para dicha condición.
En una segunda licitación, la Junaeb modificó los criterios, permitiendo tanto lápices hexagonales como redondos. Sin embargo, el tiempo perdido impactó negativamente en toda la logística de distribución.
Además del retraso, la Contraloría advirtió que los kits entregados no respondían adecuadamente a los requerimientos del currículum escolar. A esto se suma que la empresa contratada para la distribución no contaba con flota propia ni con el giro comercial necesario para asumir la responsabilidad, lo que evidencia una deficiente planificación institucional.
Frente a las irregularidades detectadas, la Contraloría anunció la apertura de un sumario administrativo para establecer responsabilidades dentro de Junaeb por la mala ejecución del programa. Hasta el momento, Junaeb no ha emitido declaraciones públicas sobre los hallazgos del informe.