La Contraloría Regional de La Araucanía (CGR) detectó irregularidades en la adquisición de vestuario institucional por parte de la Municipalidad de Padre Las Casas entre diciembre de 2020 y julio de 2023. El informe especial 386/2024 observó ocho compras a la misma proveedora por un total superior a $29,8 millones, de las cuales tres —por más de $28 millones— contaron con la intervención de la entonces directora de Gestión de Personas, cuya proveedora era abuela de sus dos hijas.
El organismo fiscalizador advirtió que en una de esas compras, por más de $25,7 millones, no se entregaron 70 cortavientos, seis parkas y 21 poleras equivalentes a $4,4 millones, además de detectarse prendas defectuosas y facturas impagas. Según la Contraloría, la ausencia de sanciones y medidas correctivas vulneró el resguardo del patrimonio municipal y el principio de probidad administrativa.
El informe también señaló que, pese a la existencia de un catálogo con 68 proveedores en la modalidad de Convenio Marco, el municipio siempre optó por la misma oferente sin justificar la elección ni emitir los informes técnicos requeridos. Posteriormente, se realizaron cinco compras adicionales bajo la modalidad de Compra Ágil por más de $1,8 millones, nuevamente a la misma proveedora, incluso adjudicando pedidos sin que presentara el precio más bajo.
Aunque el informe de Contraloría omitió el nombre de la funcionaria, el medio Fast Check CL estableció que se trata de Paula Suazo Obreque, contadora auditora que ejerció como directora de Gestión de Personas entre diciembre de 2020 y julio de 2023, y que actualmente se desempeña como directora de la Dirección de Calidad y Gestión de Servicios del municipio.
Frente a la polémica, la Municipalidad de Padre Las Casas emitió una declaración pública asegurando que tomó conocimiento del caso tras recibir los antecedentes de Contraloría y que de inmediato se inició un sumario administrativo contra la funcionaria involucrada, el cual actualmente está en proceso de finalización.
La Contraloría instruyó incorporar los antecedentes al sumario en curso, aplicar las multas correspondientes, resolver el contrato pendiente, regularizar las facturas y subsanar las deficiencias detectadas en la entrega y calidad de las prendas. El municipio debía acreditar el cumplimiento de estas medidas en un plazo de entre 15 y 60 días hábiles.