La Contraloría General de la República ratificó que los docentes que participen en paralizaciones deberán sufrir descuentos por los días no trabajados, aun cuando se comprometan a recuperar las clases. Esta decisión reafirma el criterio administrativo sostenido desde hace años por la actual contralora Dorothy Pérez.
Según el dictamen recientemente enviado al senador Esteban Velásquez, la Contraloría confirmó que este criterio “se ajusta a derecho” y se fundamenta en las leyes 18.834 (Estatuto Administrativo) y 18.883 (Estatuto de los Funcionarios Municipales). Ambas normativas establecen que no procede el pago de remuneraciones por jornadas no trabajadas sin justificación legal.
El organismo aclaró que los descuentos deben aplicarse de forma efectiva, ya sea en la remuneración del mismo mes en que ocurrió la paralización, o en el mes siguiente si ya se realizó el pago. Además, precisó que las eventuales jornadas de recuperación de clases no habilitan el pago retroactivo a menos que se cumplan condiciones específicas.
La Contraloría enfatizó que las clases recuperativas solo podrán generar remuneración si se ejecutan fuera de la jornada habitual, son previamente autorizadas por la jefatura correspondiente y su realización es debidamente acreditada mediante mecanismos de control institucional.
Este pronunciamiento refuerza la postura que ha sostenido el organismo en los últimos años y marca un precedente respecto al uso de recursos públicos ante movilizaciones del magisterio, reiterando que no basta con el compromiso de recuperar las clases para justificar el pago.
La medida ha generado cuestionamientos en diversos sectores sindicales del profesorado, los que han advertido que esta interpretación puede vulnerar el derecho a movilización y afectaría principalmente a quienes trabajan en condiciones más precarias, especialmente en el sistema municipal.