El Servicio de Impuestos Internos oficializó la existencia de un megafraude tributario de más de $4.100 millones, basado en facturas falsas emitidas por Gopa Soluciones SpA entre noviembre de 2024 y marzo de 2025. Aunque el Gobierno Regional Metropolitano no desembolsó estos montos, sí los aprobó internamente, lo que permitió a la empresa cederlos a una entidad de factoring y recibir financiación, causando perjuicio económico a dos compañías privadas.
Estas facturas —29 en total— fueron consideradas en la querella penal presentada por el SII ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El organismo solicitó que se declare como imputado al gobernador Claudio Orrego, junto a otros funcionarios públicos y al representante legal de Gopa, Arnaldo Alarcón.
El propio Gobierno Regional, en una presentación realizada el 25 de marzo de 2025, ya había denunciado 61 facturas irregulares por un total de $6.547 millones y presentó una querella contra Gopa y el funcionario involucrado —el analista Carlos Basaletti Alvarado, quien fue desvinculado luego de detectarse su participación en la aprobación de documentos sin respaldo real.
Parlamentarios de la UDI, RN, PSC y Evópoli exigieron respuestas del gobernador y pidieron al Ministerio Público actuar con urgencia. El diputado Henry Leal (UDI) afirmó que “no se puede seguir robando la plata bajo sus narices”, mientras que el diputado Miguel Mellado (RN) advirtió que esta situación evidencia graves fallas en los controles internos del Gobierno Regional Metropolitano, anunciando acciones desde la comisión de presupuesto del Congreso.
Además, la Contraloría General de la República ha detectado otras anomalías en el uso de recursos del Gobierno Regional. Un informe técnico advirtió rendiciones duplicadas, expedientes incompletos y falta de supervisión, con irregularidades por más de $1.800 millones en transferencias y pagos. También se abrió una investigación sobre posibles gastos vinculados a actividades político‑electorales dentro de los contratos institucionales del gobernador.
Este caso pone en la mira la rendición de cuentas en los gobiernos regionales, la acción del SII y la capacidad de la Fiscalía para actuar con rapidez ante hechos de presunta corrupción que comprometen la confianza pública.