La iniciativa, ingresada en 2017, fue aprobada por unanimidad en el Senado en su último trámite legislativo.
El Congreso despachó a ley el proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal (Sernafor), organismo que reemplazará a la Corporación Nacional Forestal (Conaf). La iniciativa, ingresada en 2017, fue aprobada por unanimidad en el Senado en su último trámite legislativo, tras la ratificación del informe de la comisión mixta, quedando así lista para su promulgación. La nueva institucionalidad será descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y estará bajo la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio de Agricultura.
El Sernafor tendrá como objetivos la protección, fomento, conservación, preservación, recuperación, restauración y manejo sostenible de los bosques y demás formaciones vegetacionales del país, así como de los componentes de la naturaleza asociados a estos. Además, impulsará el desarrollo de nuevos bosques y otras formaciones vegetacionales en suelos con aptitud preferentemente forestal.
También será responsable de la gestión del Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Incendios Forestales y contará con un Consejo Consultivo encargado de asesorar en materias técnicas.
Asimismo, se establecen normas claras para el traspaso del personal desde Conaf, incluyendo capacitaciones y la mantención de responsabilidades disciplinarias. Uno de los puntos críticos de la tramitación fue resuelto en la comisión mixta: El conflicto de competencias entre el Sernafor y el futuro Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
La controversia surgió cuando la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó una norma del Senado que otorgaba carácter vinculante a los informes del Sernafor sobre áreas degradadas, por considerar que limitaba las atribuciones del SBAP.
Pese a la oposición del Ejecutivo y de parlamentarios oficialistas, se impuso la postura del Senado. La disposición final establece que el Sernafor emitirá informes “vinculantes” para la declaración de áreas degradadas y los planes de manejo de ecosistemas amenazados, siempre que dichas competencias recaigan dentro de su ámbito de acción.