Cámara de Diputados aprueba por unanimidad comisión investigadora por históricas pérdidas en el Fondo E

Unanimidad en la Cámara Baja: Aprueban comisión investigadora por millonarias pérdidas en el Fondo E de las AFP

Por la unanimidad de sus integrantes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la creación de una comisión especial investigadora destinada a indagar las causas y responsabilidades tras las severas pérdidas sufridas por el Fondo E de las AFP, el cual registró una caída real acumulada del 10,39% entre enero y septiembre del presente año.

La solicitud de creación de la instancia fue respaldada formalmente por 65 parlamentarios y estableció un plazo operativo de 60 días para recabar antecedentes, citar a autoridades técnicas y elaborar un informe final con conclusiones y propuestas regulatorias.

Fiscalización entre 2018 y 2026 y pérdidas estimadas

La comisión parlamentaria tendrá la labor de revisar las actuaciones desplegadas por el Ejecutivo y los organismos reguladores del sistema de pensiones durante el periodo comprendido entre los años 2018 y 2026. En específico, las pesquisas se focalizarán en las gestiones e intervenciones del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Pensiones.

Uno de los impulsores de la iniciativa, el diputado Jaime Araya, destacó el carácter transversal del acuerdo en la Sala, subrayando que la prioridad será convocar a los entes fiscalizadores para transparentar los hechos y evaluar mecanismos que permitan abordar la recuperación de los ahorros previsionales de los afiliados más expuestos.

Por su parte, el diputado Héctor Ulloa —coautor del requerimiento— reveló que durante una reciente sesión de la Comisión de Trabajo de la Cámara, el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, habría sincerado que las pérdidas acumuladas por el Fondo E se aproximan a la cifra de US$ 10.000 millones.

Frente judicial y operaciones financieras bajo la lupa

El trabajo del Congreso se desarrollará de forma paralela a las indagatorias ya abiertas en la vía administrativa por la propia Superintendencia de Pensiones y en el ámbito penal. Sobre esto último, un grupo de legisladores presentó una denuncia ante el Ministerio Público por un eventual delito de administración desleal, solicitando la designación de un equipo policial especializado para llevar el caso.

Entre los antecedentes técnicos que motivaron la constitución de la comisión destacan las inversiones realizadas por las administradoras en instrumentos derivados vinculados a las tasas de interés de Estados Unidos. De acuerdo con los datos expuestos en la Sala, dichas operaciones acumulaban pérdidas de valoración por un monto cercano a los US$ 7.700 millones al cierre de septiembre.

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