El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, expuso este jueves ante la Comisión Investigadora por el Caso Convenios los resultados de los informes de fiscalización realizados a las Secretarías Regionales del Ministerio de Vivienda y diversas fundaciones.
En su intervención, la autoridad dio a conocer cuáles fueron las principales falencias detectadas en el marco del traspaso de fondos públicos entre reparticiones del Estado y entidades sin fines del lucro, asegurando que actualmente existe “un cóctel de dificultades para realizar las maniobras de control”.
En detalle, son “19 fundaciones las que han sido objeto de los distintos informes de auditoría” respecto de convenios que fueron suscritos entre 2021 y 2023.
“El problema de las transferencias no es una cosa nueva, pero es un problema y debilidad sistémica que tiene el Estado en esta materia. Vemos bien lo que se propone en el proyecto de presupuesto para regular estas transferencias”, fue el inicio de su exposición.
Como parte de las “debilidades” detectadas en el actual sistema de traspaso de fondos, el contralor apuntó a la “falta de institucionalidad” y a que las transferencias “no cuentan con una regulación adecuada”, lo que permitió que “se haya colado el virus de la corrupción”.
Por otro lado, Bermúdez mencionó que se detectó una “discreción al designar los recursos”, puesto que la normativa actual permite traspasar fondos vía transferencia directa; y también se evidenció que en los convenios hubo una “excesiva discrecionalidad en la definición de los proyectos que se financian por vía de transferencia”. De acuerdo con Bermúdez, las observaciones antes mencionadas se “repiten en la mayoría de los casos”, las cuales coinciden con el modo de operar de la fundación Democracia Viva en Antofagasta, hecho que destapó el Caso Convenios. Concretamente, en las Seremis de Vivienda de 15 regiones se detectaron irregularidades en la suscripción de convenios con fundaciones: Metropolitana, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Los Ríos y Magallanes.
En primer lugar, la autoridad fue clara en mencionar que “pagar caro no es ilegal”, sin embargo, lo relevante es “contar con la documentación adecuada para comprobar el monto del servicio” y la correcta asignación de los fondos públicos.